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Incomodidad, miedo, inseguridad y desconfianza se percibe en la expresión de una mujer que transita por el espacio público. El acoso es un arma que se esconde bajo una máscara perversa, se camufla mediante halagos, miradas ocultas y mentes frágiles. La Organización Internacional del Trabajo define al acoso sexual como una conducta no deseada de naturaleza sexual, que hace que la persona se sienta ofendida, humillada y/o intimidada (2013). Sin embargo, el acoso sexual deambula por todos los rincones de la esfera pública y cotidiana. Entre ellos, el servicio de transporte público, donde mujeres y niñas son las más perjudicadas, en medio de una encrucijada que parece no tener fin.
Muchas quiteñas alzan su voz en medio de un mar de incertidumbres, sin embargo, los datos revelan que el 91% de ellas experimentaron acoso en el espacio público. Esto según la “Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad”, ejecutada en 2015 por el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana de Quito. Frente a esta realidad, varias víctimas denunciaron las agresiones, no obstante, los casos que llegaron a los ojos y oídos de la justicia fueron escasos. Una de las historias que triunfó ante la adversidad y frialdad sobre los casos de acoso, fue la de María Gabriela, activista defensora de los Derechos Humanos.
María Gabriela tenía 34 años cuando sufrió abuso sexual. Ella caminaba por la Avenida 10 de Agosto, una vía de la Carita de Dios contaminada por el smog y el golpe frecuente de los conductores sobre la bocina de sus volantes. En su trayecto, se dirigía hacia el Congreso Nacional de Alcaldes que se dio cita en el centro norte de Quito. Un vestido negro acompañado de tacones y medias nylon conformaban uno de sus vestuarios favoritos, impecable para el evento.
Su premura por llegar hacia una de las abarrotadas estaciones de Trolebús, mientras los destellos amarillos del sol descendían y daban paso a la noche, no le hizo percatarse de que dos hombres seguían sus pasos con intenciones perversas. De forma repentina, María Gabriela sintió la presencia de ambos sujetos a su lado y una sensación de escalofrío recorrió su cuerpo de pies a cabeza como un corrientazo. Seguido de esto, uno de los hombres se abalanzó sobre su espalda, inmovilizando sus extremidades, cual potente veneno. Como si de un animal salvaje se tratara, el sujeto restante desgarró sus medias nylon, para posteriormente tocar su trasero.
Frente al ataque, María Gabriela increpó y miró fijamente las pupilas de sus agresores, quienes justificaron el hecho violento alegando que fue culpa de ella por utilizar un vestido que captaba todas las luces. – “Ayuda, por favor, me mandaron mano” exclamó y exclamó la defensora de derechos humanos. Ante el desconcierto de transeúntes y conductores, que ignoraron sus gritos y ecos de auxilio, una idea infalible cruzó por su mente. Mientras se acomodaba su vestimenta de forma agitada y temblorosa, expresó con impotencia – “¡Ladrones, ladrones! ¡Me robaron! – ante la multitud que minutos antes la desconoció.
Su llamado fue atendido por una mujer de mediana edad que la ayudó a emprender una carrera como si fuesen los 100 metros planos de los Juegos Olímpicos, para así atrapar a los victimarios. Juntas llegaron a la meta, alcanzando a uno de los atacantes. Un joven de 19 años, que, para su corta edad, ya contaba con denuncias de violencia intrafamiliar. El segundo agresor venció a la dupla femenina, confundiéndose como una sombra más entre el tumulto.
Las manecillas del reloj marcaban las 18h00, cuando María Gabriela llevó al joven por sus propios medios hacia las instalaciones de la Unidad de Flagrancia, ubicada entre la Avenida Patria y 09 de Octubre. En aquella fecha, se disputaba un partido de la selección de fútbol ecuatoriana y los funcionarios judiciales, como buenos ecuatorianos amantes de este deporte, estaban cegados por la euforia del cotejo y se negaron a receptar la denuncia. Además, argumentaron que sus declaraciones eran exageradas, violentando el derecho a la integridad física, psicológica, moral y sexual de cada ciudadano, establecido en el artículo 66, de la Constitución de la República del Ecuador.
Para Luisa Villacís, coordinadora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), el accionar es común por parte de los funcionarios de Flagrancia, puesto que crean estereotipos en torno a las mujeres agredidas. – “Las víctimas deben tener rasgos de debilidad o encontrarse en situación de amenaza para ser atendidas” – explica. María Gabriela, no presentaba indicios evidentes de violencia, tales como: golpes o cortaduras. Por ende, los servidores policiales desvalorizaron al delito como una simple contravención, agregándola a lista de casos de acoso sin sentencia, cual baúl de los recuerdos.
Transcurrieron seis horas para que la Policía escuche la voz de María Gabriela, quien se encontraba junto a su agresor, en una sala de espera tan fría como la indiferencia de los trabajadores de la Fiscalía. A pesar de comunicar que un fuerte dolor de cabeza bloqueaba todos sus sentidos, nunca recibió un vaso con agua o un medicamento para contrarrestarlo. A su malestar, se sumó que, en horas de la madrugada, tuvo que contactar por sí misma a una psicóloga para que le realice un peritaje psicosocial, violentando aún más sus condiciones de espera.
Tiempo después, para esclarecer los hechos, se realizó el reconocimiento del lugar de la agresión, a la par de la audiencia de Flagrancia, la cual fue fallida, pues el agresor brilló por su ausencia. De esta manera, el proceso se esfumó de las manos de María Gabriela, quien de manera posterior fue convocada a la Cámara de Gesell, una habitación acondicionada con equipos de audio y video que documenta el testimonio de la víctima. Un lugar para salvaguardar la integridad física de las personas agredidas, mientras son evaluadas por ojos expertos que no revelan su identidad, por encontrarse detrás de una ventana de vidrio polarizado.
Aquella experiencia en la Cámara de Gesell, debilitó la confianza de María Gabriela, pues fue agredida de forma física por los familiares del acusado, situación que desde su militancia como defensora de los derechos humanos jamás imaginó:
Además, durante el proceso investigativo se reveló su lugar de residencia, lo que la obligó a tomar sus maletas y abandonar su hogar para proteger su vida e integridad. El proceso judicial se extendió hasta vísperas de año nuevo, pues el 29 de diciembre del 2015, María Gabriela consiguió la primera sentencia por abuso sexual en el espacio público de Quito.
A pesar de haber sentado un precedente en torno a las sentencias de casos de acoso sexual en el país, María Gabriela carga consigo unas cadenas de inseguridad cuando transita por las calles de la ciudad capital. Cada paso en la urbe, le recuerda la indolencia de un sistema judicial desnaturalizado que re victimiza a las mujeres agredidas, hasta el punto de convertirlas en una cifra olvidada con el paso de los años.
Para el año 2016, el panorama de acoso sexual en espacios públicos de Quito, no fue diferente. Las demandas de las víctimas tenían en común un lugar, el transporte público. Durante ese año, el equipo periodístico del medio de comunicación de prensa escrita, El Comercio, publicó una serie de denuncias de pasajeras que, al utilizar la línea de transporte de buses rojos, la Ecovía, fueron agredidas e insultadas en las unidades abaratadas de ciudadanos indiferentes. Ante estos hechos, resalta el testimonio de Carolina J., estudiante universitaria en el momento que fue violentada.
Los índices de violencia hacia mujeres en el transporte público de Quito escalaban fronteras, ante esto se creó la campaña #BájaleAlAcoso. Según sus mentores, esta campaña no es solo un sticker pegado en las unidades, debido a que, invita a las víctimas a enfrentar a sus agresores a través de un proceso judicial. Durante el tercer mes del año 2017, el Municipio de Quito, en conjunto con la Unidad Municipal Patronato San José y la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ) promulgaron la iniciativa, que descendería los altos indicadores de violencia de género y los casos de acoso en la ciudad. La propaganda se pasea por gran parte de la ciudad, principalmente en los servicios de Corredor Occidental, Trolebús, Metrovía y Ecovía.
La exconcejala Daniela Chacon, líder de la campaña en la época, explicó que el proceder de acción ante las denuncias de niñas y mujeres, estaba estipulado en “Protocolo de Actuación en Casos de Violencia Sexual en el Sistema Integrado de Transporte de Pasajeros de Quito”, un manual compuesto por más de 100 páginas vigente desde el 2014. El documento propone las siguientes fases para la prevención, denuncia, seguimiento y judicialización de los casos de abuso sexual:
En este documento se aclara que la primera fase de acción inmediata que debería llevarse a cabo ante la agresión, está compuesta por las etapas de: alarma, socorro, desembarco, presentación de la denuncia y acompañamiento a la denunciante, así pues:
1. La persona violentada, envía un mensaje de texto con la palabra “ACOSO”, conjunto al número de unidad y enviado al número 6367.
2. El mensaje es redirigido a la plataforma móvil de la campaña #BájaleAlAcoso, donde el tiempo de respuesta oscila entre los cincuenta segundos a tres minutos.
3. La víctima recibirá la llamada de un operador del Centro de Control, instalado en la Empresa de Pasajeros de Quito, quien le brindará contención emocional.
4. El operador la guiará para recibir atención psicológica y asesoría para realizar la denuncia correspondiente en la Fiscalía General del Estado (FGE).
El procedimiento no tiene costo alguno, y en el caso de que la persona agredida no disponga de un teléfono celular para efectuar la denuncia, puede acudir a las ocasionales brigadas móviles ubicadas en las ajetreadas terminales del transporte público de la capital. Mientras que en el caso de las paradas ubicadas a lo largo y ancho de la ciudad, la persona puede solicitar ayuda en las unidades de recaudación, y a conductores y miembros del equipo de seguridad.
Es importante recordar que no solo las instituciones municipales deben velar por la denuncia, sentencia y seguimiento de los casos, pues la Policía Nacional y la Fiscalía General el Ecuador, son las instituciones gubernamentales que funcionan como vehículo de justicia para garantizar el pleno cumplimiento de los derechos de las víctimas. Este criterio lo comparte Luisa Villacís, coordinadora legal de Inredh, pues explica que la Fiscalía cuenta con protocolos de actuación especializados para trabajar este tipo de agresiones.
Para ahondar en el proceso de recepción y evaluación de una denuncia por acoso sexual, y obtener las cifras actualizadas de la campaña #BájaleAlAcoso, se enviaron solicitudes de acceso a la información a la Fiscalía General del Estado y a la Unidad Patronato Municipal San José. A la Fundación Patronato Municipal San José se solicitó un informe en torno a las cifras de acoso sexual y protocolo de acción en el sistema de transporte público de Quito durante la aplicación de la campaña #BájaleAlAcoso en el periodo marzo 2017- abril 2019.
Mientras que a la Fiscalía General del Estado se solicitó expender el reglamento para determinar los parámetros bajo los cuales se determina la legalidad de los casos de acoso sexual a mujeres en el Sistema de Transporte Público de Quito, durante el periodo marzo 2017- abril 2019; para continuar con el debido proceso; y además, un Informe sobre las sentencias efectivizadas en torno a casos de acoso sexual a mujeres.
El equipo de investigación no recibió respuestas por parte de las autoridades de las instituciones hasta el cierre de la investigación. No obstante, se consultó a fuentes especializadas sobre su criterio para generar soluciones frente al panorama de la violencia contra las mujeres en el espacio y transporte público de Quito.
En cuanto a las recomendaciones para generar espacios seguros en el transporte, la coordinadora legal de la Fundación Inredh, sugiere que es necesario evaluar y dar seguimiento a los programas que se han implementado en el servicio de transporte público, tal como la campaña #BájaleAlAcoso. Con la finalidad de conocer la situación actual de esta problemática en las unidades de transporte y, además, conocer de qué manera se han focalizado las denuncias para evitar que sean desestimadas y dejadas en el olvido de una frágil memoria.
Por otra parte, María Gabriela Alvear, cofundadora de la organización de la sociedad civil “Diálogo Diverso”, declara que el arma más letal para enfrentar el acoso y abuso sexual en el espacio público de Quito se encuentra en la prevención a través de la educación y el trabajo interinstitucional. En este sentido, destaca que el Estado debe trabajar de manera multi actorial y como un solo puño con la Policía Nacional y Metropolitana, el servicio de Emergencias ECU 911, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, la empresa privada y sectores de la Academia, a partir de un enfoque de derechos y género.
Por último, recalca que el Estado debe ser garante de justicia y sentar precedentes en torno a las sentencias de acoso y abuso sexual, puesto que si permite que haya impunidad, es un amigo más de la violencia.
Para marzo de 2022 la campaña “BájaleAlAcoso” cambió su nombre a “Cero Acoso”, con el propósito de erradicar el acoso sexual en el transporte público y transformar las conductas sociales desde acciones encaminadas a la cero tolerancia de estas prácticas; así lo explica, María José Moreno, vocera de la iniciativa.
En la actualidad, el proyecto no solo contempla la seguridad de niñas y mujeres en el transporte público, tomando en cuenta que son una población vulnerable y se les debe prestar más atención; agrega también a su grupo de protección a niños, personas con discapacidad y adultos mayores.
Consideraciones finales
El panorama de la violencia sexual en el espacio público de Quito se mantiene en un camino sin destino, lo cual no es alentador. En 2015 el 82% de las mujeres reconocía a los anticuados espacios de transporte público como inseguros. Para el año 2020, el 95,6% de mujeres a partir de los 16 años de edad, había recibido silbidos, miradas persistentes e incómodas, ruidos de besos o gestos vulgares en los servicios de movilidad pública, según el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana. Los crecientes índices de violencia de género reflejan que los esfuerzos de las instituciones municipales para erradicar el acoso son infructuosos.
No obstante, los datos presentados por el Municipio de Quito en el portal web “Quito Informa”, señalan que la iniciativa fue exitosa durante su tiempo de ejecución, desde marzo de 2017 hasta abril de 2019, pues se reportaron alrededor de 2.800 denuncias en las distintas unidades de transporte de la capital. Sin embargo, solo 70 casos llegaron a la Fiscalía y 24 de ellos fueron sentenciados.
El bajo nivel de agresores judicializados y el impedimento para indagar acerca de los casos de acoso a mujeres en el espacio público de Quito, es motivo de preocupación, pues refleja la inoperancia de las instituciones municipales y de justicia para brindar seguridad y reparación a las víctimas de acoso en el transporte público de Quito. Por estas razones, cabe preguntarse, ¿Es posible erradicar el acoso en el transporte público de Quito?
Autores: Nicole Armas, Diego Bravo, Andrea Carrera, Isis Guachalá, Edison Miño, Carlos Páez y Oscar Pisuña.
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